Un grupo de congregaciones cuáqueras demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por cambiar una política que impedía a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizar operaciones en los llamados "lugares sensibles", como espacios de culto, patios de recreo, escuelas y hospitales, sin la aprobación de los supervisores.
La política, que había estado en vigor durante varias administraciones, incluido el primer mandato del presidente Donald Trump, fue revocada la semana pasada.
La demanda, que fue presentada en un tribunal federal de distrito en Maryland el lunes, alega que "la mera amenaza de esa aplicación (de la ley migratoria) disuade a los feligreses de asistir a los servicios, especialmente a los miembros de las comunidades inmigrantes", y argumenta que asistir a los servicios religiosos está en el corazón de la "garantía de la libertad religiosa".
Líderes religiosos, funcionarios locales y educadores se han opuesto a la revocación de la política y han expresado abiertamente su oposición, pero la demanda parece ser la primera de una organización religiosa que impugna el cambio en los tribunales.
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"Hace una semana, el presidente Trump juró defender la Constitución y, sin embargo, hoy las instituciones religiosas que han existido desde el siglo XVII en nuestro país tienen que acudir a los tribunales para impugnar lo que es una violación del derecho constitucional de cada individuo a rendir culto y asociarse libremente", dijo Skye Perryman, presidente y directora ejecutiva de Democracy Forward, que proporciona los abogados que representan a los grupos cuáqueros.
Perryman expresó que la demanda no se refiere únicamente a las iglesias que actúan como santuarios. "La naturaleza preocupante de la política va más allá de los lugares de culto con programas de santuario: ICE podría ingresar a espacios religiosos y sagrados cuando quisiera", afirmó.
Noah Merrill, secretario de la Reunión Anual de Amigos de Nueva Inglaterra, uno de los demandantes, dijo a NBC News en un correo electrónico: "Las reuniones cuáqueras para el culto buscan ser un santuario y un refugio para todos, y esta práctica nueva e invasiva erosiona tangiblemente esa posibilidad al crear ansiedad innecesaria, confusión y enfriamiento de la voluntad de nuestros miembros y vecinos de compartir con nosotros el culto que sustenta nuestras vidas. Esto socava nuestras comunidades y, creemos, viola nuestra libertad religiosa".
Según la demanda, la política que protegía a los "lugares sensibles" de las leyes de inmigración sin aprobación previa se remonta a principios de la década de 1990. Su objetivo era permitir que las personas indocumentadas operaran libremente en ciertas áreas públicas con la idea de que hacerlo en última instancia beneficiaría no solo a ellos, sino también a la comunidad en general. Por ejemplo, al permitir que los niños asistieran a la escuela durante el día y que las personas enfermas visitaran los hospitales sin temor a ser deportadas.
Los demandantes son varios grupos regionales que representan a congregaciones cuáqueras en el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra.
P.J. Lechleitner, quien se desempeñó como director interino de ICE desde julio de 2023 hasta la semana pasada, le dijo a NBC News el lunes que no espera redadas en lugares de culto incluso con el fin de la política.
"No creo que vayamos a ver muchas operaciones dirigidas… en iglesias o lugares de culto o escuelas o lo que sea", afirmó, "a menos que haya una verdadera necesidad operativa y de seguridad pública, de seguridad nacional, de hacerlo".
